- El gobierno del PSOE tiene que impulsar un nuevo Real Decreto que incluya la regulación de precios y otras medidas imprescindibles de los sindicatos
- La burbuja del alquiler que nos asfixia ya no admite ni parches ni cierres en falso. Las vidas de 3.5 millones de hogares están en juego.
Esta semana, los inquilinos de Madrid y de Cataluña acudimos al Ministerio de Fomento y al Congreso de los Diputados para reunirnos con el gobierno y con todos los grupos parlamentarios. Lo hicimos con varios objetivos. En primer lugar, para ponerles frente a la intolerable e injusta realidad que padecemos y que asfixia nuestro presente y futuro. Segundo, para mostrarles nuestra disconformidad con las tibias medidas impulsadas en el Real Decreto Ley de medidas urgentes. Tercero, con el fin de abordar nuestras propuestas para pinchar la burbuja, acabar con la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a la vivienda (tal y como mandan los artículos 33 y 47 de la Constitución). Finalmente, para hacerles saber que si no toman medidas valientes, seguiremos animando a los inquilinos a no irse de su casa ni aceptar subidas abusivas, intensificaremos el conflicto con más acciones directas y huelgas de alquileres, y les denunciaremos públicamente como responsables directos de nuestro sufrimiento.
El Real Decreto impulsado por el PSOE es un cierre en falso que no prosperará. Es necesario un nuevo real decreto, que incluya la regulación de precios y otras medidas imprescindibles de los sindicatos. No son solo millones de familias lo que está en juego, sino el futuro colectivo de todas y todos.
Las organizaciones inquilinas hemos sido muy claras desde nuestro nacimiento: la burbuja del alquiler fue cocinada políticamente, a medida de la banca, y por tanto se debe atajar políticamente. En ese sentido, que el gobierno y diversos grupos parlamentarios hayan empezado a dar pasos es buena noticia: nos muestra que luchar por nuestros derechos y organizarnos como sindicato sí sirve. Y que vale la pena seguir empujando, porque cambiar nuestro presente y futuro es cuestión de voluntad política. Ahora bien, tanto el acuerdo presupuestario firmado entre el Gobierno y Unidos Podem como este Real Decreto son insuficientes, y así se lo dijimos al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios.
Desde que nacimos y empezamos a hacer nuestros primeros diagnósticos, lanzamos un decálogo de medidas de sentido común, que ya existen en otros países, y que aquí implicarían ni más ni menos que respetar la Constitución que tantos dicen defender. Esta semana se lo hemos recordado al Gobierno y los grupos parlamentarios, subrayando las siguientes propuestas:
- Fin de las subidas. Es urgente regular los precios del alquiler en base a índices que tengan en cuenta el poder adquisitivo de la gente.
- Fin de las expulsiones injustificadas. Los contratos deben renovarse a no ser que el propietario demuestre que necesita la vivienda.
- Fin de los fondos buitre. Es imperativo eliminar las Socimi, vehículos financieros que gozan de enormes privilegios fiscales, y que permiten que los fondos buitre especulen masivamente con nuestros hogares y sean punta de lanza de la burbuja.
- Movilización de las viviendas vacías. En un contexto de emergencia habitacional (180 desahucios cada día), hay que empezar a multar e incluso expropiar para garantizar la función social de la vivienda, evitar la escasez artificial y frenar la especulación.
- Fin de los abusos de los intermediarios. Son los arrendadores, para quienes trabajan la práctica totalidad de agencias inmobiliarias, quienes deben asumir sus honorarios. Nunca los inquilinos, que hoy somos un mercado cautivo de los agentes.
Respecto a estas propuestas, diversos grupos parlamentarios dijeron estar total o parcialmente a favor: el grupo confederal Unidos Podemos y EH Bildu manifestaron su total apoyo; ERC se mostró generalmente favorable, a falta de concretar con su partido aspectos menores; y PDeCat mostró buena disposición a pesar de algunas diferencias, comprometiéndose a definir su posicionamento en las próximas semanas.
Al mismo tiempo, todos estos grupos parlamentarios se mostraron partidarios de rechazar el real decreto del Gobierno por su falta de controles y reformas efectivas para atajar la emergencia habitacional. Al tener Ciudadanos y PP la capacidad de bloquear el proceso de enmiendas durante la tramitación del decreto, se hace imprescindible tumbar este Real Decreto e impulsar otro, con un texto inicial que incluya mejoras sustanciales, en la línea de las propuestas anteriormente descritas. Los grupos parlamentarios citados se comprometieron con los sindicatos de inquilinos a exigir ese nuevo real decreto, más ambicioso, y a mantener una comunicación fluida.
Por lo que respecta al Gobierno, aunque de momento sigue empecinado en impulsar el real decreto en curso, ya saben que no prosperará porque las fuerzas políticas que podrían apoyarlo comparten nuestro diagnóstico de que es un cierre en falso. A pesar de las buenas palabras e intenciones de la Secretaría General de Vivienda, lo cierto es que no se nos ha presentado un calendario de trabajo, ni se nos ha invitado a participar en ningún foro de discusión, ni parece clara la estrategia parlamentaria para sacar adelante la regulación de precios siquiera (medida a la que se habían comprometido en su acuerdo con el Grupo Confederal Unidos Podemos).
La burbuja del alquiler que nos asfixia no admite ni parches ni cierres en falso. Los 3 millones y medio de hogares que vivimos de alquiler no vamos a esperar más: emplazamos al Gobierno a realizar una propuesta valiente en forma de nuevo real decreto que aborde las necesidades acuciantes de la ciudadanía en el período de 30 días. Tanto el actual ejecutivo como los diversos grupos parlamentarios ya saben que, si no toman medidas de acuerdo con lo que dice la propia Constitución, nos veremos obligados a intensificar el conflicto y los denunciaremos a ellos como responsables directos. No hay medias tintas: o están del lado de la ciudadanía o de los fondos buitre. Regulación de precios o huelgas de alquiler.
#RegulaciónAlquileresYa
