Acaban de salir publicados los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, sobre desahucios entre 1 julio y 30 setiembre de 2019. A partir de los datos presentados en el Informe sobre los gama de proyectores la crisis en los órganos judicialesI, hay que subrayar lo siguiente:

  • Hasta 232 desahucios al día en el conjunto del Estado español, resultado de 10.177 desahucios en el tercer trimestre el año.
  • Prácticamente el 70% de los desahucios son causados ​​por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Una legislación que permite subidas de precio sin límite y expulsiones sin ningún tipo de justificación, a diferencia de lo que sucede en muchos países del entorno europeo.
  • Sin embargo hay una disminución del 7,7% respecto al año anterior, causado en parte por la fuerza del movimiento por la vivienda.
  • Algunas fuentes hablan de «mínimos históricos», pero esto se debe a que se está comparando con la cifra de 2013, año en que el CGPJ inició los registros. En términos realmente históricos, la cifra es altísima, propia de la brutal emergencia habitacional que empezó hace 10 años.

Estos datos conducen a dos conclusiones. La primera es que es absolutamente urgente regular el mercado del alquiler, no en beneficio de la minoría privilegiada que está especulando con la vivienda, sino en beneficio de una mayoría social que padece una enorme precariedad residencial. Hablamos de una población en torno a los 12 millones. Por una parte, resulta fundamental crear un índice de precios del alquiler en el que se fije el precio máximo del metro cuadrado en alquiler en cada municipio, teniendo en cuenta niveles de renta. Por otra parte, hay que hacer que los contratos de alquiler se renueven automáticamente, a no ser que el arrendador necesite la vivienda, o que el inquilino haya incumplido sus obligaciones de forma flagrante. Son solo algunas de nuestras propuestas, pero se trata de medidas perfectamente factibles: que tendrían un impacto inmediato en las vidas de 12 millones de personas, que no costarían ni un céntimo al erario, y que se inspiran en otras legislaciones europeas.

La segunda conclusión es que resulta fundamental que la ciudadanía siga organizándose si queremos conseguir estos objetivos. Necesitamos seguir ampliando nuestra base social si queremos garantizar el derecho a la vivienda y a una vida digna. ¡Súmate!