Ningún sector ha sido a la vez tan poco perjudicado y tan sobreprotegido, en lo que va de pandemia, como el inmobiliario. El movimiento de vivienda celebra los avances, pero contiene la alegría por lo descafeinado y provisional de las medidas.
La paralización de los desahucios es una medida que llevamos pidiendo más de diez años y, por esa razón, desde el Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid y la Coordinadora de Vivienda nos alegramos de la aprobación de este Decreto.
Los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional digna son contrarios a los compromisos adquiridos por nuestro país en materia de derechos sociales, son un sinsentido en un contexto de pandemia y, sobre todo, son una vulneración injusta y cruel de los derechos humanos más elementales de cientos de miles de personas.
No queremos dejar de señalar que, a pesar de que este decreto constituye un alivio para muchas familias, no deja de ser una medida escasa y corta de miras; sin mencionar lo obsceno de que se vaya a compensar económicamente a los grandes tenedores de vivienda cuando son los principales responsables de que tantas familias se encuentren al borde del desahucio.
Lo más preocupante de este Decreto es que no es más que una medida de emergencia y que pospone, sin cortar de raiz, la gigantesca ola de desahucios que se avecina en mayo.
Los colectivos que firmamos este comunicado no podemos conformarnos sin más, sino que reclamamos la aprobación, a la mayor brevedad, de una Ley de Vivienda de ámbito estatal que responsabilice a las administraciones de una vez por todas de proteger el derecho de todos a una vivienda digna, tal y como se recoge en el artículo 47 de nuestra Constitución.
Porque no toleramos ni un desahucio más, ni ahora ni en mayo, exigimos que en las siguientes semanas se legisle en las siguientes direcciones:
- La administración debe estar obligada a proporcionar una vivienda digna y asequible a quien la necesite o responder ante los tribunales por negligencia en materia de derecho humanos.
- Ningún desahucio debe ejecutarse sin que se tenga en cuenta la situación concreta de la familia desahuciada, y sin que las administraciones le proporcionen una alternativa digna, adecuada y asequible.
- La especulación inmobiliaria o la tenencia de vivienda vacía de larga duración deben penalizarse como lo que son: usos antisociales de un bien básico regulados también en la misma Constitución que supedita el derecho a la propiedad privada a la función social de la misma.
- El parque público de vivienda debe ampliarse como mecanismo que equilibra el mercado y evita nuevas burbujas, pero evitando la fórmula de colaboración público-privada, que alimenta la especulación mediante la inyección de caudales públicos en las grandes constructoras: el potencial parque público de vivienda está ya construido y se llama SAREB.
- Como medida de emergencia, los precios del alquiler deben controlarse mediante una ley estatal de regulación de precios, como la aprobada en Cataluña, usando además índices previos a la burbuja y/o fórmulas que adecuen los precios a los ingresos de la población.
Cualquier medida que no recoja estos mínimos no hace más, en el mejor de los casos, que postergar la resolución de un problema que lleva demasiados años desangrando la economía y la salud de millones de personas. Los derechos humanos deben primar sobre el beneficio de una élite económica antisocial e insolidaria como es la del ladrillo. Así lo exigimos, y lucharemos hasta que sea una realidad.
