El Plan Sareb es una campaña impulsada por el movimiento de vivienda de Madrid, que incluye a grupos de Stopdesahucios, Asambleas de Vivienda, PAHs, colectivos de barrio y Sindicato de Inquilinas de Madrid. Cuenta con grupos organizados también en Cataluña, País Valenciano, Zaragoza y más ciudades, tras una labor de extensión a otros territorios realizado por dicha campaña.
Esta campaña tiene dos objetivos principales:
- Negociar de forma colectiva todos los casos. Para ello hay que dar respuestas y soluciones dignas a todos los casos de vivienda de la SAREB paralizando y archivando de inmediato todos sus procedimientos de desahucio
- Movilizar toda la vivienda vacía en manos de la SAREB y crear un parque público de viviendas a partir de los recursos de la entidad.
Empecemos con un breve recordatorio de qué es la SAREB y por qué conseguir estos objetivos es una pieza fundamental en el puzle del problema estructural de la vivienda en España.
En 2012, la UE puso como condición para hacer préstamos a España que «sanease su sistema financiero», de modo que en un contrato entre UE y el Estado Español, Luis de Guindos crea la SAREB como parte del rescate a España. Ésta es creada con los «activos tóxicos» de los principales bancos españoles rescatados con dinero público. Lo que se denomina activos tóxicos son en realidad viviendas y solares que no se habían podido pagar o de dónde habían sido ejecutado desahucios de familias.
Es decir, no es en absoluto un banco, es una operación opaca para colectivizar las pérdidas y privatizar las ganancias. Además, toda la deuda de SAREB fue avalada por el Estado, por lo que a efectos prácticos podría haber sido considerada pública, pero sólo lo ha sido cuando ha habido que pagar sus deudas. De hecho, de los 4.800 millones de capital con la que se creó, el 45% lo pusieron las arcas públicas.
Una vez creada la SAREB, la UE prestó la parte restante hasta llegar a 50,000 millones de euros. Con este dinero SAREB compró a los principales bancos españoles (Santander, Caixa, Bankia, etc.) 500, 000 viviendas. En un contexto en el que el porcentaje de vivienda pública es tan sólo de un 2% en España, comparado con 20 – 30% de otros países europeos. Este hecho refleja la disponibilidad de viviendas, vendidas a precios muy por debajo del precio de mercado (es decir al que se lo hubieran vendido a cualquier persona), y teniendo en cuenta que no sólo la vivienda pública es prácticamente inexistente sino que además, el acceso al alquiler es cada vez más obstaculizado.
Según las cuentas publicadas por la entidad a día de hoy, aún tendría una deuda considerable, y desproporcionada según el número de viviendas que declara vendidas. Señal inequívoca de operaciones corruptas y pésimamente gestionadas. Ante operaciones similares existen controles existentes en la venta de patrimonio público, lo cual debería ser el caso ya que recordemos que la operación fue realizada mayormente con deuda del estado español y de la Unión Europea. No ha sido así, sino que se constituyó como entidad privada evitando de este modo las auditorías y controles necesarios.
Para luchar contra esta injusticia económica y exigir que se reconozca el derecho a la vivienda, El Plan SAREB propone no sólo la necesidad de desvelar esta operación y sus entramados, lo cual incluye señalar a los culpables de esta situación, sino también poner fin a esta trama paralizando las ventas y los desahucios, en la que no sólo se usa dinero público para beneficiar entidades financieras, sino que además acaba repercutiendo en la falta de derecho sociales de todas las personas, en medidas de austeridad y recortes a servicios públicos para hacer frente ante las deudas de la burbuja especulativa.
El problema de la vivienda en España es estructural y requiere soluciones estructurales.
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