Confían en seguir sumando apoyos entre las más de 8.000 inquilinas que han sufrido incrementos de renta ilegales por parte del mismo propietario y que se sumen a la huelga contra Nestar. Exigen una negociación colectiva y amenazan con llevar al fondo buitre a los juzgados.

Hace tres meses, un centenar de inquilinas e inquilinos del bloque situado en C/ Martín Muñoz de las Posadas, 7, en Villa de Vallecas, comenzaban a organizarse y a plantar cara contra las subidas de alquiler ilegales. Sus motivos eran muy claros: un contrato lleno de cláusulas abusivas y un ruinoso estado de mantenimiento del edificio por parte de su propietario, Nestar, la gestora de las viviendas, propiedad del fondo buitre Azora, el tercer mayor casero de España.

Desde el Sindicato sabíamos que era importante generar un conflicto colectivo ante los abusos de Nestar y se ha hecho un gran esfuerzo a través de brigadas inquilinas y de organizar bloque a bloque. Desde entonces, más de 900 residentes en diez bloques gestionados por el mismo fondo buitre en Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y Vallecas  se han puesto en contacto con el Sindicato de Inquilinas para sumarse a la lucha iniciada en Martín Muñoz de las Posadas. A pesar de que su número se ha multiplicado por nueve en los últimos meses, confían en seguir sumando nuevos hogares afectados entre las más de 8.000 familias que viven en pisos gestionados por el fondo Néstar-Azora.

Comparten un problema común: al llegar el tercer año de contrato, se activan unas cláusulas abusivas por las que la propiedad impone una subida muy superior al 3% anual previsto  en la Ley de Arrendamientos Urbanos; como resultado, los alquileres se firman inicialmente por unos 900 euros, pero al cabo de tres años el precio ronda los 1.600 euros en algunos meses. Una fórmula que ya fue declarada ilegal a consecuencia de las demandas interpuestas por el Sindicato de Inquilinas de Cataluña y que, no obstante, Nestar-Azora sigue aplicando en toda la Comunidad de Madrid. Y no sólo a sus propiedades: dos de los bloques son de propiedad pública y gozan, en teoría de alquileres protegidos y limitados; pero su gestión ha sido cedida al Nestar-Azora por los ayuntamientos de Pinto y Parla.

Apoyadas por el Sindicato de Inquilinas, estas familias anuncian hoy en una rueda de prensa que se declaran en “huelga de alquileres”. Esto implica que, de aquí en adelante, irán pagando únicamente el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles, pero no así los seguros de impago, subidas abusivas y demás conceptos que Nestar-Azora sigue cobrando ilegalmente. Su objetivo es que su casero elimine estas cláusulas ilegales de sus contratos de alquiler y no descartan emprender acciones legales si sigue negándose a ello.

Las afectadas recuerdan que otras familias de sus bloques, incapaces de hacer frente a los nuevos precios, se han visto obligadas a abandonar sus hogares antes de que transcurran los siete años a los que teóricamente tenían derecho. El problema reside en unos fondos buitre que campan a sus anchas actuando como ariete de la especulación, sin ningún tipo de regulación y de límite en un contexto de crisis social. Esta misma semana, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) alertaba de que vivir de alquiler aumenta el riesgo de pobreza, y el Banco de España reconocía el mes pasado que la mitad de la población inquilina se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión.

Los vecinos y vecinas de los 10 bloques en lucha lo tienen claro, se están organizando y coordinando con determinación porque la situación ha llegado al límite. Para ellos y ellas, y para todo el resto de personas que vivimos de alquiler. Es por eso, que van a la huelga y no van a pagar unas cantidades que no les corresponden, millones de euros que son de todas las inquilinas e inquilinos y no del fondo buitre. Además no descartan iniciar acciones legales contra Nestar-Azora si no cumple con sus demandas y no se sienta a negociar con las miles de personas afectadas.