El pasado miércoles, 18 de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid desahuciaba a Zohra del Centro de Acogida Las Caracolas. Esta es la realidad detrás de los desahucios y las “alternativas habitacionales” de Servicios Sociales. Cubículos prefabricados en las que familias viven hacinadas durante pocas semanas hasta que les echan a la calle.
A pesar de los intentos del Sindicato de Inquilinas para hablar con la coordinadora del centro para insistir en la falta de alternativa habitacional, hubo una negativa en rotundo a hablar con nosotras o a contemplar una opción distinta al desahucio. A pesar de llevar desde 2018 solicitando una vivienda social en Servicios Sociales, las administraciones no han dado respuesta y comunicaron a Zohra que el día 18 es la fecha límite para abandonar Las Caracolas.
Esa mañana, un despliegue de cuatro patrullas de la Policía Municipal de Madrid se presentaron en el Centro de Acogida exigiendo que abandonasen la habitación y amenazando con quitarle a Zohra su hijo de 9 años. Zohra, conociendo sus derechos y sabiendo que no se podía ejecutar ese desahucio sin orden judicial, se negó a abandonar el sitio, insistiendo en la necesidad de una alternativa habitacional por parte de Servicios Sociales. La alternativa que el Samur Social le dio fue una hoja con un listado de 10 pensiones con un precio de más de 50 euros la noche. Con una pensión de 800 euros, parece una broma que la alternativa de los servicios sociales sea que te gastes 1500 euros al mes en una pensión.
Esa tarde, cuando parecía que habían aceptado esperar a la cita con la trabajadora social y no había nadie del Sindicato acompañando a Zohra, se presentaron dos policías, cerraron las maletas de Zohra y dijeron que la iban a llevar a una pensión, sin dar ningún tipo de alternativa. Esta es la realidad que no se ve tras un desahucio. Alternativas que duran un mes para después echarte de ellas, dejarte en la calle y amenazarte con quitarte a tu hijo.
Tras años en la lista de espera para un alquiler social, se acaban las opciones. Desde el Sindicato de Inquilinas tenemos claro que solo a través de la organización podemos acabar con los desahucios. Organizarnos para bajar los precios de los alquileres. Organizarnos para luchar por que nuestras casas sean de quienes las habitamos y no de los rentistas que nos explotan. En definitiva, organizarnos para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal.