En respuesta a las masivas movilizaciones protagonizadas por los movimientos inquilinos en las principales ciudades del país el pasado año, PSOE y PP han comenzado 2025 presentando sendos baterías de medidas aparentemente antagónicas que, sin embargo, comparten lo esencial: mimar al rentismo con el dinero de todas, garantizar los beneficios de los propietarios a costa de la estabilidad de las inquilinas y apostar por la construcción como la panacea a largo plazo, sin aportar solución alguna a la emergencia habitacional que vivimos hoy.

Las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez en el foro “Vivienda: quinto pilar del Estado del bienestar” son la enésima promesa electoral de quien lleva ya más de seis años gobernando sin haber mejorado un ápice la situación que viven millones de inquilinas. Y una vez más, sus propuestas se quedan a medio camino. No son suficientes, siguen mal encaminadas y no mejoran en nada nuestras condiciones de vida. 

  • Ninguna medida de las anunciadas bajará el precio de los alquileres

La mayoría de las medidas anunciadas tienen la coletilla de “alquiler asequible”, un concepto vacío de significado que no concreta qué se considera cómo tal. Hemos visto promociones, como el Plan Vive en la Comunidad de Madrid, que supuestamente se enmarcan en el “alquiler asequible” y, en la realidad, suponen precios inalcanzables, cláusulas abusivas y condiciones nefastas para las personas que vivimos de alquiler.

En un contexto en el que los precios de los alquiler siguen batiendo récords mes a mes, lo “asequible” sólo debe significar una reducción inmediata y contundente de los alquileres al 50% del inflado precio actual, tal como reclaman millones de personas en las manifestaciones del pasado otoño. La indeterminación del Gobierno demuestra que este ajuste sólo será posible mediante la organización inquilina y el desarrollo de huelgas de alquiler que equilibren la balanza devolviendo poder de negociación a la parte arrendataria. 

  • Mimar al rentismo con el dinero de todas

Si hace unos meses, Isabel Rodríguez imploraba la solidaridad de los caseros, ayer Sánchez decidió comprarla con dinero público. Mientras las inquilinas carecen de cualquier tipo de deducción fiscal por pagar cada mes un alquiler abusivo, el Gobierno ofrece una exención fiscal del 100% del IRPF a los propietarios que alquilen sus viviendas siguiendo el índice de precios. Esto no solo va en contra de la progresividad fiscal que exige nuestra Constitución sino que es una medida completamente inútil: los caseros ya cuentan con demasiadas ayudas fiscales pongan el precio que pongan. La solución pasa por sancionar y gravar con contundencia la especulación inmobiliaria: los rentistas tienen empacho de zanahorias y no saben lo que es un palo. Además, el índice que usará como umbral sigue siendo una referencia conservadora incapaz de bajar los precios, que es lo que necesitan las familias inquilinas y la economía del país.

El Gobierno afirma que mantendrá las ventajas fiscales a las SOCIMIS cuyos precios se encuentren bajo el paraguas del alquiler asequible. Pero de nuevo, ¿en qué consiste ese concepto? ¿Quién mide qué precios se encuentran en ese rango de alquiler asequible? Ante los abusos y la especulación de los fondos buitre y megatenedores, sólo hay una solución posible: que sus viviendas vuelvan a formar parte del parque público de vivienda. 

  • La construcción no es pan para hoy, pero sí hambre para mañana

Aun cuando la situación de emergencia actual exige medidas inmediatas, Sánchez sólo promete soluciones a largo plazo a través del impulso a la construcción, con incentivos a las constructoras y premiando la colaboración público-privada. En su discurso,  mezcló la construcción de vivienda pública de protección oficial (VPO) con la promoción de vivienda «asequible» a través de esta colaboración, por lo que una vez más queda claro que tales proyectos van orientados a repetir la misma política de vivienda que nos llevó a la crisis de 2008: pelotazos urbanísticos que suponen ganancias para las empresas y miserias para las familias. Sin cambiar las reglas del juego, la colaboración público-privada simplemente profundiza en el modelo neoliberal que busca hacer mero negocio con un bien de primera necesidad como es un techo.

Las políticas de incentivos para la construcción masiva por parte del sector privado ya han demostrado que no conducen a una bajada de los precios del alquiler ni a una mayor protección para los inquilinos. Más bien lo contrario: los mecanismos de colaboración público-privada vistos hasta ahora han implicado sistemáticamente la imposición de precios en máximos históricos, cláusulas abusivas, expulsión de vecinos al finalizar los contratos de alquiler y falta de mantenimiento de los edificios.

  • Alquileres estables, la gran cuenta pendiente

En ningún momento Pedro Sánchez se refirió a que, hoy en día, vivir de alquiler supone una inseguridad garantizada por ley. Nueve de cada diez inquilinos tenemos contratos temporales que suponen un chantaje constante ante la amenaza de no renovación. Esto nos fuerza a mudanzas forzadas cada poco tiempo, a enfrentarnos a desahucios invisibles cada 5 o 7 años en el mejor de los casos. 

Ninguna de las medidas propuestas por Sánchez se centra en proporcionar mayor estabilidad a quienes vivimos de alquiler. De hecho, una de las medidas anunciadas, que consiste en financiar con dinero público la rehabilitación de viviendas privadas, tan sólo exige que estas viviendas se alquilen por un periodo de 5 años, reforzando la idea de que las inquilinas somos meras herramientas especulativas para el beneficio de rentistas e inversores. Unido también a la normalización de los contratos de temporada, por habitación y turísticos. Para que las vidas de las inquilinas recuperen algo de la estabilidad que se promete a los rentistas junto a sus beneficios, urge devolver a los contratos de alquiler la duración indefinida y las renovaciones automáticas que el propio Partido Socialista eliminó hace décadas. 

  • La organización inquilina es la única solución

Una vez más, ha quedado claro que a este gobierno se le da muy bien redactar programas electorales, aunque lo hagan tras 6 años en el poder y se queden siempre en meras palabras vacías. Mientras ellos hablan de construcción, de colaboración publico-privado y de exenciones fiscales, los sindicatos de inquilinas seguimos demostrando que somos los únicos que ofrecemos soluciones reales a nuestros problemas del día a día. Paramos esos desahucios que aseguran haber extinguido. Recuperamos fianzas y cobros ilegales de honorarios que no se atreven a perseguir. Renovamos contratos y acabamos con las cláusulas abusivas que defienden con sus leyes. En definitiva, conseguimos victorias a través de nuestra organización y acción sindical. Tenemos más claro que nunca que el tiempo de los políticos se ha acabado y que la solución está en nuestras manos. Seguimos organizándonos hacia la huelga de alquileres que ponga el sistema en jaque de una vez por todas.