El fondo buitre estadounidense se prepara para desahuciar a 40 familias en Madrid bajo la impasividad de Ayuso, quien podría frenar estos desahucios.

Vente el martes 6 de junio a las 12h a los Juzgados de Primera Instancia de Alcorcón a decir basta juntas.

Esta semana comienzan los juicios a través de los cuales Blackstone pretende desahuciar a 40 hogares de toda la Comunidad de Madrid. Hace más de un año que estas 40 familias recibían un burofax en el que el fondo buitre, el mayor casero de España y el mundo, les imponía subidas abusivas de hasta el 100% respecto a su alquiler anterior. Les daban dos opciones: o aceptaban la subida o se tenían que marchar de la vivienda al no renovarse su contrato de alquiler. Pero todas estas familias eligieron una tercera opción: organizarse, unirse al Sindicato de Inquilinas de Madrid y a la PAH Alcorcón para luchar por un alquiler digno.

El próximo martes 6 de junio se celebrará, a las 13h en los juzgados de Alcorcón, el primer juicio de los 40 que hay previstos, a pesar de que tanto el ayuntamiento local como su Oficina de Vivienda se han mostrado interesados en mediar una solución con el fondo. Sin embargo, una vez más vemos cómo el derecho a la especulación sigue blindado por encima del derecho a una vivienda digna y estable. Tras un año de coacciones, presiones y  amenazas por parte del fondo buitre, las inquilinas tienen claro que seguirán organizadas y no se marcharán de sus casas. Exigen la paralización inmediata de todos los procesos judiciales y una mesa de negociación colectiva para poder firmar nuevos contratos sin subidas abusivas para ninguna.

Según la regulación de alquileres incluida en la Ley de Vivienda, todas estas subidas serían ilegales y ninguna de estas personas se estarían enfrentando a un desahucio. La inacción de Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid frente a los fondos buitre y la especulación inmobiliaria supone que estas prácticas abusivas seguirán siendo legales en la Comunidad de Madrid, ya que los grandes propietarios solo verán los precios de sus inmuebles en alquiler limitados en aquellas Comunidades Autónomas que así lo establezcan al decretar zonas tensionadas. Es decir, Testa y Fidere, filiales españolas de Blackstone, pueden y podrán imponer subidas ilimitadas a sus más de 13,000 inquilinos y proceder a desahuciarlos si no aceptan el abuso. Estas personas, que hace más de una década accedieron a un alquiler social del parque público de vivienda o viviendas de protección oficial, ahora sufren las consecuencias de la venta de sus viviendas a fondos internacionales que fueron bienvenidos a España con el único objetivo de especular. En el contexto actual en el cual la mitad de la población inquilina, cada vez mayor y más precarizada, está en riesgo de pobreza según el último informe del Banco de España, estas prácticas abusivas son totalmente desmesuradas. 

No es la primera vez que un caso así tiene lugar en Madrid. En 2019, más de 80 hogares inquilinos de Blackstone también se enfrentaron a esta situación. Esas familias tampoco aceptaron las subidas abusivas, no se dejaron intimidar por las coacciones del fondo buitre y se organizaron con el Sindicato. Tras dos años de lucha, con más de 80 hogares fuera de contrato depositando el alquiler en el juzgado, conseguimos ganar al fondo después de establecer una negociación colectiva, y firmamos 80 nuevos contratos de alquileres dignos con una duración de 7 años.

Por ello, convocamos una concentración y rueda de prensa el próximo martes 6 de junio a las 12h en los Juzgados de Primera Instancia de Alcorcón (calle Carballino s/n). Porque este primer juicio es un juicio contra más de 40 familias en lucha. Un juicio contra todas las personas a quienes sus caseros les siguen subiendo el alquiler de forma abusiva. Un juicio contra aquellos que llevamos años demandando que se pueda vivir de alquiler de forma digna.

En 2021 ya logramos una negociación colectiva con el fondo buitre Blackstone y nuevos contratos dignos. Ahora, volveremos a conseguirlo, volveremos a ganar al mayor casero del mundo, defendiendo colectivamente el derecho a la vivienda por encima del derecho a la especulación.