Medio millar de viviendas propiedad de la entidad se organizan para exigir contratos asequibles y sin cláusulas abusivas

Pinto, Vallecas y Vicálvaro tienen en común dos cosas: son lugares donde la clase trabajadora se asentó para construir barrios humildes lo suficientemente cerca de las ciudades donde trabajaban, pero lo bastante lejos como para alquilar una vivienda digna y adecuada que además fuese asequible para sus bolsillos. La otra es que los/as inquilinos/as de 500 viviendas de estos 3 lugares de la Comunidad de Madrid, le han plantado cara a su casero por adoptar las peores prácticas en el peor momento. El casero no es otro que CaixaBank, uno de los más grandes arrendadores de España con nada menos que 25.000 propiedades residenciales en régimen de arrendamiento. A través de InmoCaixa que gestiona los activos inmobiliarios de la Fundación, supuestamente comprometida y sensibilizada socialmente, ha iniciado un proceso de desahucio invisible de 500 familias mediante el aumento desproporcionado y abusivo de las rentas, y la elevación de los baremos de acceso a un nuevo contrato de arrendamiento.

Si bien es cierto que las condiciones de los alquileres nunca han tenido un perfil verdaderamente social, como lo evidencian las cláusulas abusivas que obligan al arrendatario al pago del IBI o del seguro de caución, la fundación de la entidad bancaria ha decidido, en plena pandemia, aprovechar la fecha de renovación de los contratos para dar una vuelta de tuerca a un mercado ya de por sí tensionado. Para ello ha adoptado los mismos comportamientos antisociales de los Fondos Buitre, obligando a rascarse un bolsillo muy mermado a las familias que quieran permanecer en las casas que llevan 15 años habitando, o abandonarlas deshaciéndose así de las rentas más vulnerables y sustituyéndolas por otras más desahogadas para aumentar la cuenta de beneficios de la entidad mientras ofrecen en sociedad una imagen impoluta de su Fundación patrocinando proyectos de carácter social.

A las subidas desproporcionadas hay que añadirle además que son aumentos progresivos encubiertos, prohibidos explícitamente por la LAU, repercusión de impuestos habitualmente asumidos por el arrendador, y un histórico de dejación en las labores de mantenimiento, que lleva a los/as vecinos/as a tener que asumir costes imputables a la propiedad para mantener la habitabilidad del inmueble.

Desde la aparición del conflicto, CaixaBank se ha limitado a tratar de inocular el temor y la incertidumbre: amenazando con la pérdida de bonificaciones en el nuevo contrato si se acogían a la prórroga de los 6 meses decretada por el gobierno a consecuencia de la crisis sanitaria, o con demandas judiciales de desahucio o por injurias en las pancartas que algunos vecinos/as han colgado en sus balcones para visibilizar su situación. El Sindicato de Inquilnas/os de Madrid, ha solicitado a InmoCaixa la constitución de una mesa de negociación para solucionar el conflicto de estas 500 viviendas, pero hasta el momento ha sido rechazada la petición.

Otra de las patas del conflicto reside en la opción a compra con tasaciones VPO que algunas inquilinas pactaron en las cláusulas de arrendamiento y que en los nuevos contratos, que algunas vecinas se han visto forzadas a firmar para no entrar en precario, han desaparecido  sin ofrecer antes la oportunidad de acogerse a la compra asequible como alternativa. La maniobra no solo estaría justificada por tanto en el aumento de los precios de los alquileres, sino que CaixaBank podría tener en el horizonte una enajenación especulativa de algunas de sus promociones.

A todo esto, el próximo mes de marzo está prevista la fusión fusión entre Bankia y CaixaBank, una fusión donde 20.000 millones de euros -con los que se rescato a la primera entidad mencionada- acabarán en manos de una entidad privada que no solo está ninguneando la función social para la se concibió la Fundación “La Caixa”, sino que como tal, goza de unos privilegios fiscales que chocan frontalmente con un ánimo de lucro desmedido y voraz como el que están demostrando en la gestión de estos 500 hogares.

Por todo ello, los/as vecinos/as de estas 500 viviendas repartidas en cuatro promociones situadas en Vallecas, Vicálvaro y Pinto han decidido organizarse para dar a conocer junto a las casi 100 viviendas de Hospitalet de Llobregat, con las que comparten y sufren las prácticas abusivas de CaixaBank, y que al igual que en Madrid, se movilizarán este Miércoles 10 de Febrero para visibilizar el conflicto.