El jueves 26 de febrero la mayoría reaccionaria del Congreso de lo Diputados ha tumbado
por segunda ocasión la moratoria de desahucios.
En consecuencia, 70.000 desahucios actualmente paralizados, van a reactivarse. La
inmensa mayoría de estos desahucios corresponden a inquilinos que no pueden pagar el
alquiler o cuyo contrato ha quedado finalizado, supuesto que debe estar judicialmente
demostrado a través de informe de servicios sociales. Además más de un millón de
usuarios del bono social pueden perder su acceso al suministro de luz, agua o calefacción.
Se ha insistido en que la moratoria es insuficiente. Tan sólo ha cubierto aproximadamente
un 25% de los desahucios dictados por jueces en los últimos años. Es decir, en la situación
actual son necesarias medidas más amplias y estructurales.
Pero esto sucede tras las manifestaciones más importantes en defensa del derecho a la
vivienda del 2024 y el 2025. Desde entonces no se han impulsado medidas contundentes
para resolver la miseria que produce en la mayoría social el mercado inmobiliario. Este año
se van a extinguir más de medio millón de contratos de alquiler en medio de una escalada
generalizada del precio. Se producirán decenas de miles de desahucios invisibles.
Por ello, no cabe otra posibilidad que la de considerar la caída de la moratoria como una
agresión a los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora.
En el último mes hemos asistido a un teatro político en torno a las mínimas medidas de
protección social que disponemos todas aquellas que no tenemos una vivienda garantizada.
Nos referimos al toma y daca en el Congreso sobre la aprobación de la moratoria de
desahucios incluida en el Escudo Social así como a la revalorización de las pensiones.
En ese toma y daca los discursos reaccionarios han vuelto a aparecer. La justificación para
no mantener el Escudo Social es que no se puede someter a los pensionistas al desahucio
de familias vulnerables.
Las instituciones públicas fallan. La reacción de extrema derecha avanza. ¿Qué hacer en
esta situación?
En respuesta a la caída del Escudo Social en primera ocasión el movimiento de vivienda
convocó una decena de concentraciones de urgencia en oposición el día 28 de enero.
Posteriormente, el movimiento pensionista ha liderado la convocatoria de 20 movilizaciones
más en los días 21, 22 y 23 de febrero. La próxima cita es una movilización conjunta en
Barcelona el día 28 de febrero en Pl. Sant Jaume a las 18,30h. Se tiene que responder en
las calles, con unidad de las luchas y trascendiendo el marco institucional. Se tiene que
responder en las calles para construir una barricada contra los discursos de odio
reaccionarios que quieren enfrentar al penúltimo con el último.
No es sólo por empatía y reconocimiento que nos movilizamos juntas. La confluencia de
luchas no es sólo una suma de reivindicaciones. Nos permite señalar los nexos. Impugnar la
lógica de funcionamiento general. Ese capitalismo que avanza mercantilizando todos los
aspectos de nuestra vida.
Sirvan unos pocos datos:
● El precio del alquiler, de media en todos los territorios del estado español, ha subido
un 40% en los últimos 5 años.
● La inflación en el mismo período ha subido un 22% y el salario medio un 20%.
A esto se le llama rentismo.
● El precio de una cama en una residencia privada es hoy de 2.200€ al mes. El 75%
de las camas de residencias del país, unas 300.000, son privadas.
● La pensión media es inferior a los 1.400€. Cuatro millones de pensionistas cobran
menos de 1.000€ incluyendo a casi medio millón de personas que reciben la
prestación no contributiva inferior a los 600€, la mayoría de ellas mujeres que se han dedicado a los cuidados toda la vida.
Esto es la privatización del sistema de cuidados en la vejez.
La conclusión es clara:
● La vivienda es cada mes más inasumible con los salarios y pensiones que tenemos
la clase trabajadora.
● Una cama en una residencia para la tercera edad cuesta más que la pensión que
recibe la mayoría.
Así que no nos confundan:
Privatizan el acceso a la vivienda. Privatizan la vida en la vejez. Y se enriquecen los de
siempre. Cada año que pasa los grandes propietarios y las grandes rentas acumulan más y
más. Esto no es un conflicto generacional. No es culpa de los pensionistas que la juventud
tenga problemas para emanciparse. No es culpa de la juventud que los pensionistas no
puedan pagarse la vejez. Es un conflicto de clase.
Por todo ello, nuestras reivindicaciones son:
● Sistema de residencias público, suficiente, de calidad y con derechos laborales.
● Pensiones mínimas fijadas al salario mínimo, incluyendo las no contributivas.
Derogación de las reformas de pensiones y de la Ley de promoción de los Planes
Privados de Empleo.
● Prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler de 3 años. Escudo social
permanente y ampliado para evitar todos los desahucios.
● Expropiación forzosa de viviendas en manos de la banca rescatada para su
integración inmediata al Parque Público
● Ley contra la estafa a las inquilinas: fin del alquiler de temporada y de habitaciones.
Seguiremos luchando.
