Una treintena de familias de Vallecas y Pinto denunciaron ser objeto de un “desahucio invisible” por parte de la entidad bancaria.
El pasado jueves 27 de enero, en los Juzgados de Parla, tuvo lugar la audiencia previa al juicio contra Inmocaixa por las cláusulas abusivas que contienen sus contratos de alquiler. Así lo denunciaron, mediante una demanda colectiva, 31 familias residentes en promociones inmobiliarias de dicha entidad en Vallecas y Pinto, organizadas a través del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
Las familias demandantes accedieron al alquiler de sus viviendas hace más de 8 años, en el marco del programa “Vivienda asequible” de la Fundación Obra Social La Caixa, es decir, la modalidad de alquiler social promovida por esta entidad bancaria. Varios de los contratos incluían, además, la opción a compra. Sin embargo, a medida que iban finalizando los contratos originales, Inmocaixa -una de las sociedades que gestiona la cartera inmobiliaria del gigante bancario- se negó a prorrogarlos, exigiendo unas subidas de precio de entre el 50 y el 100%. Cuando las familias reclamaron su derecho a la “prórroga COVID” decretada por el Gobierno como parte de su “escudo social” durante la pandemia, Inmocaixa se negó a cumplir con la legalidad.
Fue entonces cuando las familias recurrieron al apoyo del Sindicato de Inquilinas, que además de conseguir forzar a Inmocaixa a aplicar las prórrogas que legalmente correspondían a cada vecina, detectó en los contratos de arrendamiento una serie de cláusulas abusivas que dan lugar a aumentos progresivos encubiertos de la renta (prohibidos explícitamente por la LAU) o la repercusión al inquilino de impuestos habitualmente asumidos por el arrendador, como el IBI.
Todo ello se suma a la situación de abandono y deterioro de los inmuebles por la dejación de funciones de la propiedad en lo relativo al mantenimiento de las zonas comunes y las reparaciones estructurales, que los vecinos llevan años denunciando. El objetivo de la Caixa, apuntan, es hacerles la vida imposible para conseguir que dejen por su propia voluntad las viviendas en las que legalmente pueden seguir residiendo en virtud de las prórrogas obligatorias creadas para amortiguar la crisis derivada de la pandemia. La Caixa también amenaza a las familias con demandas por injurias por las pancartas que cuelgan de muchos de estos hogares denunciando la insufrible situación que llevan padeciendo el último año.
Con el apoyo del Sindicato, una treintena de las familias afectadas presentó en febrero de 2021 una demanda colectiva contra Inmocaixa para denunciar las cláusulas ilegales que contienen sus contratos de alquiler. El juicio dió comienzo con la audiencia previa del 27 de enero. Tanto el Sindicato como las familias reclaman, en todo caso, la apertura de un diálogo con Caixabank para la negociación colectiva de nuevos contratos de arrendamiento acordes a la legalidad y a un precio asequible, de acuerdo con el carácter “social” prometido originalmente por la entidad bancaria.
Desde el Sindicato de Inquilinas señalamos que el de estas familias no es un caso aislado y que ya se han denunciado situaciones muy similares en Mataró, Bustarviejo u Hospitalet de Llobregat. Después de utilizar durante años la marca de su “obra social” como reclamo para las familias más vulnerables, La Caixa empezó a librarse de ellas en cuanto el mercado inmobiliario comenzó a mostrar signos de recuperación, con el fin de obtener una mayor rentabilidad de sus propiedades. Cabe destacar que, tras la absorción de Bankia el pasado año, Caixabank se ha convertido en “el mayor casero” de España, con más de 25.000 viviendas en alquiler, sólo superada por el fondo buitre Blackstone, que controla unas 40.000 a través de las diferentes sociedades con las que opera en España.
Esta treintena de familias de Pinto y Vallecas cada vez se está haciendo más amplia y aunque muchas no han podido sumarse al proceso legal si lo han hecho a la campaña de #BloquesEnLucha, una iniciativa del Sindicato de Inquilinas que pretende la negociación colectiva de los conflictos con grandes arrendadores y que obtuvo una gran victoria el pasado año al conseguir que el fondo Blackstone aceptase la renovación negociada de 84 contratos de alquiler.
