El juzgado desafía al Real Decreto del Gobierno desahuciando a la inquilina vulnerable de un inversor inmobiliario. Ni la prórroga covid, ni la apelación, ni el informe de Servicios Sociales son suficientes para la jueza.

Después de la vergonzante operación judicial en la que tres juzgados se coordinaron entre sí y con varios dotaciones de antidisturbios apoyados por un helicóptero para expulsar de sus casas simultáneamente a cuatro familias para entregárselas a una empresa dedicada a la especulación inmobiliaria, otro juzgado se dispone a sacar los pies del tiesto del que emanan las leyes para expulsar a una inquilina en el mismo edificio y cuya propiedad persigue fines similares.

En este caso se trata de Teresa, que lleva viviendo 23 años en el edificio y que se libró del anterior desahucio a causa de un error en la demanda judicial. La empresa que quiere expulsarla de su casa tiene otro nombre pero se dedica a los mismo y tiene detrás a las mismas personas. La propiedad demandó a Teresa después de conocer que esta se acogía a la prórroga Covid, que con motivo de la pandemia prohibía la rescisión de los contratos de alquiler.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 48, ignoró deliberadamente las alegaciones del abogado pese a incluir como prueba el burofax que Teresa había enviando a la propiedad en tiempo y forma. Pese a saber que Teresa ha recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial de Madrid, de la cual no se tiene aún respuesta, ha decidido ejecutar el lanzamiento a sabiendas de que con ello se provoca un prejuicio imposible de resarcir: aunque más adelante la Audiencia Provincial admitiese el recurso de apelación, Teresa ya estaría en la calle y sin posibilidad de recuperar su vivienda.

Teresa cobra una pensión de 400€, por lo que las posibilidades de proveerse de una alternativa habitacional en el mercado libre es imposible. Por eso es solicitante de vivienda tanto de la EMVS como de la AVS, y recientemente ha entrado en un programa a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento para acceder a un piso tutelado. Por otro lado, la propiedad es una empresa de inversiones inmobiliarias que, como ha hecho con otros inmuebles del edificio, tiene intención de convertir el piso de Teresa en una vivienda de uso turístico. La jueza considera por lo tanto que repartir justicia es que una mujer de 72 años que cobra 400€ debe quedarse en la calle para que un inversor inmobiliario pueda optimizar su rentabilidad.

Por todo ello, y ante el enésimo abandono de las instituciones, los vecinos del barrio de Lavapiés nos negamos a resignarnos y normalizar las aberraciones que produce este sistema creado por y para el mantenimiento de privilegios sobre la ciudadanía más vulnerable, e impediremos que Teresa sea despojada de sus derechos fundamentales.