Comunicado del Sindicat de Llogateres
Ante la decisión del Gobierno del Estado sobre la Ley que regula el precio de los alquileres, queremos manifestar lo siguiente:
- Celebramos que la regulación de alquileres sigue viva y plenamente vigente gracias a la movilización ciudadana. Hace una semana, los ministros Ábalos e Iceta pretendían tumbar la ley de forma exprés, invocando el artículo 161.2 de la Constitución. Lo que ha permitido revertir esta decisión e impedir la suspensión de la ley ha sido la presión y solidaridad de las más de 4.000 organizaciones sociales, culturales y económicas y de la mayoría parlamentaria que la impulsaron en septiembre de 2020.
- Condenamos que el Estado recurra la ley, llevándola al Tribunal Constitucional, cuando es sabido que no tiene ningún tipo de obligación legal de hacerlo. Es una decisión política que únicamente busca satisfacer las demandas de la patronal inmobiliaria, y deslegitimar una ley que está consiguiendo bajar el precio de los alquileres. El Ejecutivo está actuando, en materia de vivienda, en dirección contraria a lo que haría un gobierno progresista: en lugar de boicotear una ley que está protegiendo a miles de familias de las subidas del alquiler y los desahucios, tendría que extender esta ley a otros territorios. Queremos recordar que la voluntad popular también lo ha dejado claro: Pedro Sánchez no sería presidente sin el acuerdo en el que se comprometía a regular los alquileres. Y el Gobierno no hubiera tenido el apoyo de la Cámara a los presupuestos si no se hubiera comprometido a incluir la misma medida en la próxima Ley de Vivienda y a tenerla lista antes de febrero del 2021. La voluntad del gobierno del Estado de ignorar los acuerdos y someterse a las presiones de la patronal inmobiliaria no es solo un ataque a los derechos fundamentales: es también un fraude democrático en toda regla.
- Constatamos que los esfuerzos de la patronal inmobiliaria para tumbar esta regulación, a pesar de no haberlo conseguido, tienen una razón de ser: la regulación funciona y esto les hace limitar sus beneficios. Recordemos que la regulación ha hecho caer los precios del alquiler un 4,8% interanual, durante los primeros seis meses de funcionamiento, en los municipios catalanes donde se aplica. En cambio, en los municipios catalanes sin regulación, los precios del alquiler han subido un 1,2% a pesar de la pandemia. Además, el control de precios no ha paralizado el mercado: Barcelona y el resto de municipios regulados registran cifras récord de nuevos contratos, más que los municipios no regulados.
- La prueba de que la ley funciona es que la inmensa mayoría de los 61 municipios regulados han pedido a la Generalitat seguir aplicándola a partir de septiembre de 2021, y que muchos otros han pedido ser reconocidos por primera vez como área con mercado de vivienda tensa.
- Hacemos un llamamiento a las personas inquilinas a seguir organizándose con el Sindicato de Inquilinas y a usar la ley: exigir renovaciones de contratos, negarse a pagar más de lo que marcaba el contrato anterior, rechazar las prórrogas, denunciar los anuncios ilegales que omiten información. En definitiva: hay que reivindicar contratos legales y justos, y seguir extendiendo la ley.
