El miércoles 19 de octubre los responsables de más de un millón de desahucios en los últimos 10 años se reunían en Madrid con no solo la aprobación sino también la colaboración de varios dirigentes políticos. Los responsables de que suban los precios, de que no podamos parar ni un segundo a descansar, de que siempre vayamos con el agua al cuello mientras nos vamos haciendo más pobres mes a mes pasarán dos días planeando sin tapujos cómo seguir explotándonos a través de alquileres abusivos en el 4º Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario 2022. 

Detrás de la organización y la promoción de este congreso está Blackstone, a través de Anticipa, Aliseda y Testa, sus SOCIMIS en España. El mayor casero del estado, el que día a día sigue expulsándonos de nuestras casas y nuestros barrios con sus prácticas abusivas, ha invertido miles de euros en expandir su mensaje para intentar controlar la narrativa del mercado de alquiler en España. Le acompañarán también socios de otros grandes propietarios, fondos buitres y bancos como Haya Real Estate, Caixabank o Deloitte.

Las caras que tienen a más de 300 vecinas organizadas en contra de sus abusos, se reunirán para hablar del “gran dinamismo” que el mercado inmobiliario español ha experimentado en el último año. Para considerar la “colaboración público-privada para una eficaz gestión de la vivienda”. Para decidir cómo intervenir en el “apetito inversor frente a la necesidad de la banca de liberarse del ladrillo por el incremento en los niveles de morosidad”. Para promocionar al “sector inmobiliario como un valor refugio para el ahorro acumulado post pandemia”. Para planear alrededor del “Build to Rent como solución a la promoción privada de viviendas de alquiler en suelo público”.  Para “reflexionar” sobre cómo “adaptarse” a que tengan que ofrecer alquiler social a personas en situación de vulnerabilidad, tengan o no un título habilitante.

Es decir, van a reunirse para hablar de cómo seguir especulando con nuestros hogares, con nuestras vidas. ¿Lo peor? Que lo harán con el beneplácito y la aprobación de nuestros dirigentes políticos. Porque la situación actual de vivienda y el descontrol del mercado de alquiler no es casualidad. Es consecuencia de décadas de proyectos de financiarización que están cayendo por su propio peso. Es resultado de políticas neoliberales aprobadas por esa misma «colaboración público-privada» que permitió la entrada de fondos buitres al territorio. Que justificó millones ejecuciones hipotecarias mientras salvaba a los bancos generando deuda pública. Que normalizó que nuestras casas sean un bien de mercado y no una necesidad al que todas tenemos derecho.

Hoy en día, la colaboración público-privada toma forma de esta manera, entre muchas otras. Es una vergüenza que un congreso así se celebre en plena crisis de vivienda, mientras la Ley de Vivienda sigue encallada por el bloque del PSOE a una enmiendas necesarias, mientras se siguen dando más de 100 desahucios diarios sin alternativa habitacional, mientras los alquileres siguen subiendo sin límites, mientras las casas de la SAREB siguen sin pertenecer al parque público de vivienda, mientras se siguen sin gravar las viviendas vacías y se premia a los especuladores por su labor. Pero es aun más avergonzante que personas como David Lucas Parrón y José María García Gómez vayan a acudir para estrechar lazos con el sector. Que el Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, y el Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la CAM, no tengan ningún reparo a acudir a este tipo de eventos demuestra que el actual mercado de alquiler ya está intervenido, pero para beneficio de los especuladores. 

Sabemos de sobra que las puertas giratorias entre altos cargos públicos y el sector inmobiliario son más que comunes, como bien nos demuestra Joan Clos al ser el presidente de ASVAL, lobby inmobiliario fundado y financiado por Blackstone y otros fondos buitre. También sabemos que la clase rentista del estado está en el Congreso, donde un gran porcentaje de dirigentes políticos perciben rentas de sus viviendas en alquiler. Y son precisamente estos datos y estos actos los que facilitan entender por qué es tan complicado seguir el ejemplo que otros países y ciudades, incluso con gobiernos conservadores, han hecho y regular el mercado de vivienda para proteger a la población.