Ante la situación actual de pérdida de poder adquisitivo de las inquilinas y de la clase trabajadora en general, las únicas medidas del gobierno en materia de vivienda no están sirviendo para cambiar esta situación. En primer lugar porque, como hemos advertido desde el principio, las medidas son claramente insuficientes y, en segundo lugar, porque los propietarios están intentando saltarse este mínimo límite. Hoy hemos tenido conocimiento de que la Agencia Negociadora del Alquiler alienta a los propietarios a saltarse la ley tratando de buscar un resquicio legal que no existe. Este tipo de conductas, llevadas a cabo por operadores inmobiliarios, suponen un gran riesgo para la certidumbre legal de la convivencia entre propietarios e inquilinas. Están llamando al conflicto sabiendo que la parte débil del contrato, la parte arrendataria, es la que se juega su derecho a la vivienda mientras la parte arrendadora solo está viendo aminorados sus beneficios.
No hay ningún tipo de duda de la naturaleza de las medidas tomadas por el Gobierno a través del RD 20/2022, de 28 de diciembre, por las que se limitaron las actualizaciones anuales del contrato al 2%, haciendo vincular la subida con el IGC (Índice de la Garantía de Competitividad). Las declaraciones del Gobierno respecto al espíritu de la norma son claras y en ningún momento se puede apreciar una voluntad de desagregar de los contratos que se encuentren en tácita reconducción de la medida general aplicada a todos los contratos de arrendamiento.
Esta medida procede de un juicio de ponderación razonado que la Agencia Negociadora del Alquiler está decidida a saltar. Proponer la barbaridad jurídica de señalar que la tácita reconducción -es decir, aquellos casos en los que pasado el plazo de contrato y sus prórrogas obligatorias, ninguna de las partes desiste del contrato y se sigue prorrogando anualmente- supone una expulsión del régimen legal aplicable a los contratos de arrendamiento de vivienda, es decir, de la Ley de Arrendamiento Urbanos. Los contratos que están en tácita reconducción de la manera que prevé la LAU, por lo tanto, la norma aplicable no cambia y la general (Código Civil) sólo complementa a la específica (LAU) tal y como establece el artículo 10.3 de esta última cuando establece que «al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido». De manera que, aunque el contrato esté en tácita reconducción, se está aplicando el artículo 10, le resulta aplicable la limitación del 2% recogida en del RD 20/2022, de 28 de diciembre.
No nos sorprende que sea la Agencia Negociadora del Alquiler quien propone esta forma de saltarse la ley. Su historial respecto a cualquier medida que reconozca mínimos derechos para las inquilinas es conocida, por ejemplo, se han posicionado en contra de cualquier regulación de los precios. Lo entendemos, al fin y al cabo, las agencias inmobiliarias son también responsables de las subidas de los precios de los últimos años porque a mayores cuantías, mayores beneficios para ellos.
Por si no fuera poco, aún hoy somos las inquilinas quienes tenemos que pagar los honorarios a inmobiliarias como esta que trabajan de forma abierta para aumentar los beneficios de los rentistas a nuestra costa.
Mientras tanto, ¿cuál va a ser la posición del Gobierno? ¿Va a permitir que las grandes inmobiliarias de este país promuevan saltarse cualquier mínima regulación en materia de vivienda? Como llevamos tiempo reivindicando, si esto ocurre es porque no se ha planteado un régimen sancionador específico que impida a los rentistas saltarse la ley porque hoy les sale gratis.
Por ello, seguimos exigiendo una ley de vivienda que tome medidas contundentes para limitar el precio de los alquileres, que garantice que nunca más las inquilinas pagaremos los servicios de la propiedad en base a honorarios y que incluya sanciones para los propietarios y gestores que incumplan o fomenten el incumplimiento de la ley.
Si alquilas con la Agencia Negociadora del Alquiler no te dejes engañar, afíliate al Sindicato y plantemos cara juntas a sus abusos.
