El pasado viernes 31 de mayo, la empresa inmobiliaria Urbagestión pretendía desahuciar a Maricarmen, de 86 años. Desde 1956, que su padre firmó un contrato de renta antigua, Maricarmen ha vivido en esta vivienda del madrileño barrio de Ibiza, a unos metros del Retiro. Ahora, convertido en uno de los barrios más caros de Madrid, la empresa quiere que asuma un incremento del 275% de alquiler o, de no hacerlo, echarla. Maricarmen lo tiene claro y se suma a la estrategia de #NosQuedamos del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. 

Entre 1950 y 1985, la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. El decreto Boyer de 1985 acabó con esta medida de protección en los alquileres suscritos a partir de tal fecha, si bien se mantuvo el régimen indefinido para los contratos firmados con anterioridad, que desde entonces se conocieron como contratos «de renta antigua».

El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento de una vivienda en la madrileña calle de Sainz de Baranda, en el madrileño barrio de Ibiza, ahora convertido en uno de los más caros de Madrid. A su muerte, pocos años después, el contrato se subrogó en su esposa, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta su fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones -una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI- durante casi 20 años.

En 2018, la familia propietaria del bloque de pisos de Maricarmen vendió toda la finca a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios de España. Los nuevos dueños contactaron a Maricarmen en 2020 para ofrecerle la compra del piso en el que vivía desde hacía décadas, pero la pensionista no podía permitirse pagar ese precio. Al día siguiente de notificar su rechazo a la oferta, el piso fue adquirido por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias. 

Con Urbagestión llegaron los problemas. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes (titulares de más de una docena de empresas en los ámbitos agroalimentario e inmobiliario), notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor quince años antes debía haberse extinguido en 2007. Poco después la llevaron a los tribunales, que dieron la razón a la inquilina en primera instancia, pero los Alonso no cejaron en su empeño de desahuciar a la pensionista, recurriendo una y otra vez hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón el pasado mes de marzo. El motivo es que la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%. Maricarmen, a sus 84 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de “tan sólo” el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada.

Para el Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado a Maricarmen en este proceso, se trata de una sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley, por encima de la voluntad del legislador y de la realidad social del tiempo por el que se deben interpretar las leyes, según el artículo 3 del Código Civil. Urbagestión exige ahora a Maricarmen un alquiler mensual de 1.650 euros -a modo de favor, ya que el resto de apartamentos del inmueble se alquilan a unos 2.650- aun a sabiendas de que la pensión de la octogenaria es de sólo 1.450 euros. En caso contrario, le da de plazo hasta el 31 de mayo para abandonar la vivienda en la que lleva residiendo desde hace 68 años.


  • LA ESTRATEGIA #NOSQUEDAMOS

Maricarmen ha anunciado su decisión de permanecer en casa cueste lo que cueste. Organizada en el Sindicato, se une a la estrategia #NosQuedamos contra los desahucios invisibles, convencida de que no sólo le asiste el derecho, sino que con ello impide que los nuevos propietarios puedan incrementar el precio del apartamento, agravando así la escalada de precios que sufre Madrid. Son ya cientos de inquilinas las que, cuando su casero les obliga a elegir entre una subida abusiva del precio o el abandono de la vivienda, se niegan a aceptar el chantaje y resisten en sus casas, pagando el mismo precio que venían abonando hasta entonces, o depositándolo ante el juzgado en el caso de que sea rechazado por el propietario. La estrategia #NosQuedamos es la única forma efectiva de frenar la escalada de los alquileres en ciudades que, como Madrid, se niegan a aplicar la regulación de precios prevista en la Ley de Vivienda estatal. 

 

  • LA “ENMIENDA MARICARMEN”

El de Maricarmen no es un caso aislado. Desde el Sindicato de Inquilinas alertamos de que cada vez son más las personas de avanzada edad, titulares de alquileres de renta antigua, que acuden a nuestras asambleas denunciando acosos e intentos de estafa por parte de la propiedad, a menudo inmobiliarias y fondos de inversión que han comprado recientemente sus viviendas. Estas empresas compran pisos alquilados antes de 1985 con el objetivo de obtener altas rentabilidades a corto plazo. Para ello reducen al mínimo la conservación de la vivienda hasta hacerla inhabitable, presionan a las inquilinas para que se marchen, intentan hacerles firmar bajo engaños una renuncia al derecho de subrogación o, como en el caso de Maricarmen, buscan defectos formales para pleitear durante años hasta que algún tribunal les permita expulsarlos. Y no sólo en Madrid: hace pocas semanas salió a la luz el caso de María Muñoz, la gaditana de 87 años que podría ser desahuciada de la casa que habita desde 1967 y que los nuevos propietarios quieren convertir en pisos turísticos. «Los buitres son carroñeros que esperan la muerte de su presa, pero en este caso son depredadores impacientes que acosan a sus víctimas hasta hacerse con el botín», concluyen desde el sindicato.

Es por eso que desde el Sindicato de Inquilinas promovemos lo que denominamos “enmienda Maricarmen”: una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la protección de las inquilinas de renta antigua. Se trata de eliminar el límite de dos años que la Disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos prevé para las descendientes del subrogado que no cumplen el requisito del 65% de discapacidad. Sería una reforma legislativa extremadamente simple y de tramitación sencilla: apenas 44 palabras que están poniendo en riesgo la tranquilidad de centenares de pensionistas durante sus últimos años de vida.

“Se trata de un colectivo pequeño y extremadamente vulnerable, en su inmensa mayoría mujeres mayores que cuidaron de sus padres y, a su muerte, heredaron sus contratos de alquiler”, explica desde el Sindicato. Con la nueva doctrina del Supremo, muchas de estas mujeres, que a menudo cobran pensiones minúsculas, se verían abocadas a la indigencia, pues no disponen de recursos económicos para hacer frente a un mercado del alquiler completamente desbocado.