El Ministerio de Consumo abre expediente sancionador contra la inmobiliaria por indicios de fraude masivo en sus contratos de alquiler. La decisión abre la puerta a la devolución de millones de euros a las inquilinas que reclamen sus derechos.

El pasado 1 de febrero de 2024, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid presentó una denuncia contra la inmobiliaria Alquiler Seguro ante la Dirección General de Consumo por llevar a cabo prácticas abiertamente contrarias a la legalidad de manera estructural: cobro de honorarios, imposición de cláusulas abusivas en sus contratos e incumplimiento del derecho de desistimiento, entre otras.

Como ha denunciado este Sindicato en numerosas ocasiones, las inmobiliarias no son meros intermediarios económicos, sino agentes decisivos en la escalada de precios del alquiler y la privación de derechos a las inquilinas. Como demostraba un reciente informe de IDRA, la presencia de inmobiliarias agrava la relación entre caseros e inquilinas y está relacionada con mayor probabilidad de tratos discriminatorios, desinformación y subidas abusivas. Es decir, las inmobiliarias son parásitos que extraen mayor beneficio cuanto mayor es el precio de los alquileres, por lo que espolean su escalada sin aportar valor añadido alguno.

Sin embargo, la sanción que hoy se anuncia demuestra que Alquiler Seguro va más allá. Bajo una retórica grandilocuente de criminalización de las inquilinas y “protección al propietario” se escondía una estafa permanente de la que también eran víctimas los propios rentistas. La documentación aportada para la investigación, proveniente de varias afiliadas al sindicato, deja claro que la inmobiliaria exige en concepto de “garantía adicional” unas cantidades que en ningún caso protegían al casero, sino que se quedaba la propia empresa. Del mismo modo, Alquiler Seguro obliga a contratar el seguro de hogar y los suministros con empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, propietario también del teórico “seguro de impago” que Alquiler Seguro reconoce incapaz de hacer frente a una huelga de alquileres. La inmobiliaria obligaba también a ceder sus datos personales sin control alguno a las dos partes del contrato, vulnerando la normativa en la materia.

Si Alquiler Seguro está demostrando ser una estafa para los propietarios a quienes prometía proteger, su comportamiento con las inquilinas que se ven obligadas a tratar con esta empresa es aún peor. Tal como denunció esta campaña sindical del pasado mes de abril, las malas prácticas de Alquiler Seguro incluyen el cobro de hasta 200 € por visitar un piso, nula atención de las incidencias y averías durante la vigencia del contrato, la exigencia de datos bancarios excesivos para “estudios de solvencia”, negativa a negociar las cláusulas del contrato y falta de transparencia respecto al mismo…

Ante todo, la decisión de la Dirección General de Consumo allana el camino a demandas judiciales contra Alquiler Seguro por seguir cobrando a las inquilinas los honorarios que deben ser abonados por los arrendadores desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, como la que el Sindicato de Inquilinas presentó de forma pionera el pasado mes de abril. Teniendo en cuenta que Alquiler Seguro gestiona aproximadamente 22.000 hogares, la cantidad que se vería obligado a devolver si sus 100.000 inquilinas reclamasen el dinero estafado alcanzaría niveles millonarios. 

Como advertimos en la manifestación del pasado 13 de octubre, la impunidad de rentistas e inmobiliarias ha llegado a su fin. Apelamos a todas las inquilinas que hayan sido víctimas de las prácticas fraudulentas de Alquiler Seguro a organizarse en nuestro sindicato para reclamar sus derechos y exigir la devolución de todas las cantidades satisfechas en concepto de honorarios, seguros de hogar e impago, garantías adicionales y demás cláusulas abusivas, para lo cual disponemos de un formulario específico en nuestra web. Y llamamos al conjunto de las vecinas a expresar su indignación contra la estafa inmobiliaria el próximo 5 de abril, cuando decenas de ciudades saldremos a las calles para acabar con el negocio de la vivienda.