Mañana, a las 8:30 am, Zohra, su marido y su hijo menor de edad serán desahuciados de su hogar, a pesar de cumplir con todos los requisitos de vulnerabilidad que marca el Real Decreto que suspende los desahucios. Aún así, esta medida se llevará a cabo debido a la decisión del juez de no aplicar la suspensión argumentando que Zohra no ha podido demostrar que su casero posee 27 viviendas. Sin embargo, se ha presentado documentación que acredita que el casero posee un bloque de viviendas en Lavapiés, así como varias otras propiedades.

Ella y su familia han estado viviendo en condiciones deplorables: la casa presenta muchísima humedad, infestaciones de chinches y cucarachas, y problemas estructurales graves, como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua desde el baño de los vecinos de arriba. Estas condiciones han afectado la salud de Zohra y su hijo, quienes sufren problemas respiratorios desde hace casi dos años.

El casero, que posee 27 pisos y reside en Tenerife, es una persona con los recursos suficientes para arreglar el edificio, pero ha optado por no hacerlo. Todo el edificio -propiedad del mismo dueño- enfrenta problemas similares, con cada vivienda en mal estado. A pesar de esto, el casero se niega a realizar las reparaciones necesarias y ha dejado a Zohra y a otros inquilinos sin agua caliente durante meses.

Zohra y su familia sobreviven con una pensión y un pequeño ingreso mínimo vital. Actualmente, los precios de alquiler alcanzan los 1.400 euros al mes, con requisitos de contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para Zohra debido a su situación económica y de salud. A pesar de llevar más de un año solicitando una alternativa habitacional en Servicios Sociales, las administraciones no han dado respuesta y Zohra se enfrenta mañana a su desahucio.

El caso de Zohra no es aislado. Cada vez más, observamos cómo los jueces -como Roberto Fernández Muñoz, titular del juzgado de primera instancia nº70- deciden no aplicar el Real Decreto que protege a las personas vulnerables, tomando decisiones de manera deliberada y sin justificación en favor del rentismo. Esta tendencia preocupante muestra una clara desconexión entre las necesidades de las personas vulnerables y las decisiones judiciales. El Gobierno trata de convencer a la población de que no hay desahucios mientras se ejecutan 82 desahucios diarios en el Estado Español.

Desde el Sindicato de Inquilinas tenemos claro que solo a través de la organización podemos acabar con los desahucios. Organizarnos para bajar los precios de los alquileres. Organizarnos para luchar por que nuestras casas sean de quienes las habitamos y no de los rentistas que nos explotan. En definitiva, organizarnos para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal. Mañana desde las 07.30h estaremos en la Calle Zurita, 31 para hacer frente a quienes pretenden echarnos de nuestras casas y nuestros barrios.