Antonio y Mari, de 84 y 80 años, llevan viviendo 22 años en la vivienda. En el 2000, el matrimonio entró a vivir en una promoción de vivienda pública en el municipio de Alcorcón. Tras finalizar la protección de la vivienda, el fondo buitre Blackstone compró toda la promoción y ahora quiere subir a todos los inquilinos un 40% los alquileres.
Estas prácticas son frecuentes por parte de Blackstone y del resto de fondos buitre. Subir de forma abusiva los alquileres a sus inquilinos, para extraer el máximo beneficio posible, presionar para que suban los precios de la vivienda en la zona y así forzar una revalorización de sus propiedades. Pero las familias afectadas no pueden pagar, lo que les ha llevado, una vez más, a organizarse con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos para luchar por alquileres dignos.
Antonio y Mari son un caso más en este bloque. Son pensionistas, pero tras las subidas de los últimos años, su pensión no les alcanza para el pago del alquiler. Es por ello que sus dos hijos les tienen que ayudar con el pago de la renta. Ahora esta nueva subida se les hace imposible. No la pueden pagar. Tampoco pueden abandonar la vivienda. Su única solución es organizarse con el resto de inquilinas y luchar.
El pasado 30 de junio finalizaba el contrato de alquiler de Antonio y Mari. El matrimonio, como ya han hecho muchos vecinos, no iba a abandonar la vivienda. Iban a seguir la estrategia de los Bloques en Lucha del Sindicato: permanecer en la vivienda fuera de contrato, consignar el alquiler en los juzgados y luchar para que el fondo acepte una negociación colectiva.
Pero Blackstone no se quiere sentar a negociar. El fondo ha estado presionando a todos los hogares, diciéndoles que o aceptan el nuevo alquiler, o serán desahuciados. También se lo dijeron a Antonio y Mari. Esta es la misma estrategia que siguió el fondo en el conflicto anterior: amenazar a las familias diciéndoles que serán desahuciadas, para conseguir que firmen los alquileres abusivos.
Antonio y Mari recibieron una oferta de Blackstone, donde el fondo, tras meses de presión, aceptaba ofrecerles un nuevo alquiler a siete años, o conseguirles otra vivienda en otro municipio (alejados de sus hijos y amistades). Pero Antonio y Mari, como el Sindicato, vemos que este contrato no se puede aceptar. El compromiso del matrimonio, no es solucionar su situación, sino que todos sus vecinos también puedan recibir contratos nuevos. Ante la negativa de Antonio y Mari de llegar a un acuerdo con el fondo, Blackstone les notificó vía mail que les daban una prórroga de un año. Un año más les deja el fondo vivir en la vivienda. El matrimonio seguirá con la incertidumbre sobre su futuro y el del resto de sus vecinos.
Antonio nos dijo “sin mis vecinos y vecinas no voy a aceptar nada, no podría vivir tranquilo en mi casa, sabiendo que vosotros (sus vecinos) aún lo estáis pasando mal”.
