La lucha de Maricarmen ha dado un paso más. Tras la denuncia que presentamos ante Naciones Unidas junto a su abogada, Beatriz Duro, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU ha pedido al Estado español que evite el desahucio de Maricarmen sin alternativa habitacional.
La ONU ha dado de plazo hasta diciembre para que España informe sobre las medidas adoptadas para proteger a Maricarmen y ha solicitado que, mientras se estudia el caso, se suspenda el desahucio o se le garantice una alternativa habitacional adecuada.
Estamos hablando de una vecina de 87 años que lleva más de 70 viviendo en la misma casa, en el barrio madrileño de Retiro. Una mujer que ha dedicado toda una vida a su barrio y que hoy se enfrenta a ser expulsada de su hogar para que un fondo inmobiliario pueda seguir haciendo negocio con la vivienda.
Maricarmen lleva más de cinco años resistiendo los intentos de desahucio impulsados por Urbagestión, propietaria de su edificio desde 2018. Gracias a la organización vecinal y sindical conseguimos frenar el primer desahucio en octubre de 2025. El segundo, previsto para el pasado 3 de junio, fue aplazado en el último momento en una maniobra que consideramos un intento de desactivar la enorme solidaridad y movilización que había generado su caso.
Ahora Maricarmen se enfrenta a un tercer intento de desahucio el próximo 24 de junio.
La comunicación de Naciones Unidas cambia el escenario. La jueza tiene la facultad de suspender el lanzamiento mientras el Comité DESC estudia la denuncia, precisamente para evitar daños irreparables a Maricarmen. Si el desahucio se ejecutara pese a esta petición, estaríamos ante una actuación contraria a las recomendaciones de la ONU y a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado español.
Seis meses de silencio institucional
Lo ocurrido con Maricarmen también retrata la absoluta inacción de las administraciones.
Tras el primer intento de desahucio remitimos al Ministerio de Vivienda un dossier con propuestas concretas para resolver su situación. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo ayuda para no ser expulsada de su casa.
Seis meses después seguimos sin recibir respuesta.
Tampoco la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid han ofrecido ninguna alternativa habitacional. Ni Ayuso ni Almeida han dado un paso para impedir que una vecina de 87 años termine en la calle después de siete décadas viviendo en su hogar.
El caso de Maricarmen es el símbolo de una crisis más profunda
La ONU ha señalado lo que llevamos años denunciando: ningún desahucio debería producirse sin una alternativa habitacional adecuada.
El caso de Maricarmen demuestra hasta qué punto las instituciones han normalizado que fondos de inversión y grandes propietarios puedan expulsar a personas mayores de sus casas mientras las administraciones permanecen inmóviles.
No estamos defendiendo únicamente la vivienda de Maricarmen. Estamos defendiendo el derecho de todas las inquilinas a permanecer en sus hogares frente a la especulación inmobiliaria.
Por eso seguiremos organizándonos, movilizándonos y defendiendo a Maricarmen hasta conseguir que pueda quedarse en su casa. Porque ninguna vecina debería ser expulsada de su hogar para aumentar los beneficios de un fondo inmobiliario.
