El próximo miércoles 3 de junio nuestra compañera Maricarmen, vecina del barrio de Retiro, se enfrenta a un segundo intento de desahucio. Tiene 87 años y lleva 70 viviendo en la misma casa, una vivienda a la que llegó siendo una niña cuando sus padres firmaron el contrato de alquiler en 1956.

Hoy un fondo buitre pretende expulsarla de su hogar porque se niega a asumir una subida de alquiler imposible: pasar de una renta asequible a pagar 2.650 euros mensuales, un incremento del 275%. Además, el fondo, «con buena voluntad», rebajó al alquiler a 1650 euros, algo que supera incluso la pensión que percibe. Es decir, un gesto de cara a la galería que no sirvió de nada.

No estamos ante un caso aislado. Lo que le ocurre a Maricarmen es el reflejo de un modelo de vivienda que protege el negocio inmobiliario y abandona a quienes han construido nuestros barrios durante décadas.

Hace cinco meses conseguimos parar el primer intento de desahucio gracias a la organización vecinal y sindical. Tras aquella victoria, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid presentamos propuestas concretas al Ministerio de Vivienda para resolver la situación de Maricarmen y para evitar que otras personas tuvieran que atravesar el mismo infierno.

Cinco meses después seguimos sin respuesta.

Ni Maricarmen ni el Sindicato hemos vuelto a tener noticias del Gobierno. Tampoco ha obtenido respuesta la carta que la propia Maricarmen envió al presidente Pedro Sánchez. Mientras tanto, la fecha de su expulsión se acerca.

La situación es igual de preocupante en las instituciones madrileñas. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida se han negado a reunirse con Maricarmen. Los servicios sociales, por su parte, siguen siendo incapaces de ofrecer una alternativa digna para una mujer de 87 años a la que pretenden arrancar de la casa en la que ha vivido toda su vida.

El desahucio está señalado para las 8:00 de la mañana del miércoles 3 de junio en la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46.

Durante meses hemos intentado negociar con Urbagestión Desarrollo e Inversiones, propietaria del inmueble. Maricarmen solo pide algo elemental: un contrato asequible que pueda pagar con su pensión. La empresa se ha negado.

Por eso creemos que el Gobierno de España tiene que dejar de mirar hacia otro lado y asumir su responsabilidad. Si de verdad existe voluntad política para garantizar el derecho a la vivienda, es el momento de demostrarlo. Exigimos que la vivienda de Maricarmen sea recuperada para el parque público, que se le garantice un alquiler indefinido y que pueda seguir viviendo en el hogar que ha sido suyo durante siete décadas.

Una convocatoria para toda la ciudad

El día antes del desahucio, el martes 2 de junio, hemos convocado una jornada de movilización abierta a toda la ciudad.

A partir de las 18:30 horas realizaremos un pasacalles desde la Puerta del Retiro de la Biblioteca Eugenio Trías, actividades infantiles, intervenciones de personas comprometidas con la defensa del derecho a la vivienda y la cultura, como Olga Rodríguez, Alberto San Juan, Juan Diego Botto o Facu Díaz, además de diferentes actuaciones musicales.

La jornada terminará con un llamamiento a todas las vecinas de Madrid para participar en una acampada durante la noche y defender juntas la casa de Maricarmen.

Porque cuando intentan desahuciar a una vecina de 87 años, no estamos ante un problema individual. Nos están diciendo a todas que ninguna vida, ningún arraigo y ninguna historia valen más que la rentabilidad de una inversión.

El caso de Maricarmen demuestra que hay que cambiar las reglas

Tras la caída de la moratoria antidesahucios y de las medidas extraordinarias de protección del alquiler, el Gobierno no puede seguir limitándose a declaraciones de intenciones. Necesitamos medidas contundentes frente a la dictadura del rentismo.

Casos como el de Maricarmen evidencian la necesidad de garantizar contratos indefinidos que impidan que una familia pueda quedarse en la calle después de cinco años, independientemente de cómo haya cumplido sus obligaciones.

Si esto ya es inaceptable para cualquier persona, resulta todavía más escandaloso cuando hablamos de alguien que lleva 70 años viviendo en la misma casa.

Setenta años de vida frente a la especulación inmobiliaria

La historia de Maricarmen es también la historia de cómo la especulación transforma viviendas en activos financieros.

En 2018 la finca donde vive fue vendida a Renta Corporación, uno de los grandes actores del negocio inmobiliario en España. Dos años después intentaron que comprara el piso en el que había vivido toda su vida. Como pensionista, no podía permitírselo.

Al día siguiente de rechazar la oferta, la vivienda pasó a manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.

A partir de ahí comenzó una larga batalla judicial. La empresa sostuvo que el contrato que amparaba a Maricarmen debía haberse extinguido años atrás. Aunque los tribunales le dieron inicialmente la razón a ella, la propiedad continuó recurriendo hasta obtener una sentencia favorable del Tribunal Supremo.

Lo más grave es que esta situación no puede entenderse sin el peso de unas leyes heredadas del franquismo que negaban derechos básicos a las mujeres. El contrato original fue firmado únicamente por el padre de Maricarmen porque el sistema legal de la época invisibilizaba a las mujeres dentro de la familia. Si ese mismo contrato se hubiera firmado hoy, ambos progenitores habrían sido titulares y Maricarmen seguiría plenamente protegida.

Sin embargo, una interpretación extremadamente restrictiva de la normativa ha acabado pesando más que la realidad social, más que la voluntad de proteger a quienes viven de alquiler y más que setenta años de arraigo en un barrio.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid lo tenemos claro: ninguna interpretación formalista de la ley puede justificar que una mujer de 87 años sea expulsada de la casa en la que ha vivido toda su vida para aumentar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria.

Por eso hacemos un llamamiento a todas las vecinas de Madrid.

La defensa de Maricarmen es la defensa de todas.

Si permitimos que echen a una mujer de 87 años después de 70 años en su casa, ¿qué seguridad tiene cualquier inquilina de esta ciudad?

El 2 y el 3 de junio tenemos una cita para demostrar que frente a la especulación existe algo más fuerte: la organización de quienes defendemos el derecho a la vivienda.